- En un duro dictamen el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia dictamina que la Consejería de Educación ha vulnerado el derecho a la información de AIDMUR relacionado con el pago del verano a los docentes interinos.
- El Acuerdo firmado con los sindicatos para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo, en el litigio ganado por AIDMUR, se hizo sin la existencia de informes jurídicos o económicos y sin que se hubiera abierto expediente administrativo alguno.
Murcia, 05 de AGOSTO de 2020
Duro varapalo del Consejo de Transparencia de la Región de Murcia a la Consejería de Educación, el cual ha dictaminado que la administración educativa regional ha vulnerado el derecho de AIDMUR al acceso a información pública.
Tras la victoria de AIDMUR en el Tribunal Supremo para la restitución de las pagas de verano sustraídas ilegalmente entre los años 2012 y 2015, en virtud de STS núm. 966/2018, recaída en el recurso noº 291/2012 del TSJ de Murcia, sobre impugnación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 24 de febrero de 2012, la Consejería y las organizaciones sindicales firmaron un Acuerdo para dar cumplimiento y ejecución a dicha sentencia, estableciendo un polémico calendario de pagos que a fecha de hoy se sigue incumpliendo.
A raíz de dicho Acuerdo, realizado a espaldas de AIDMUR, siendo nosotros los recurrentes y ganadores ante el Tribunal Supremo, solicitamos el acceso a toda la documentación pertinente que avalaba dicho acuerdo, después de que la propia consejera, en aquel entonces Adela Martínez Cachá, afirmase públicamente y en
una reunión mantenida con nosotros, que el acuerdo contaba con el aval correspondiente de los servicios jurídicos y económicos de la Consejería de Educación
AIDMUR, como parte interesada y con toda la legitimación legal (tal y como reconoce la legislación y el propio Consejo de Transparencia) requirió a la administración la remisión de dicha documentación y dichos informes para nuestro conocimiento. Sin embargo, la Consejería nunca atendió nuestra legítima petición, haciendo caso omiso a nuestras reiteradas peticiones. Como ejemplo de la actitud de la administración, decir que esta ha ido entregando documentación absolutamente irrelevante en un vano intento de burlar el derecho de nuestros asociados, cosa que no íbamos a tolerar.
Esta actitud fue lo que motivó que AIDMUR decidiera acudir al Consejo de Transparencia de la Región de Murcia y solicitar, así, su amparo. Desde entonces, y hablamos de 2018, la Consejería de Educación se ha negado a entregar la documentación solicitada a pesar de los requerimientos del Consejo de Transparencia hasta que, hace unas semanas, este organismo dictaminó que la Consejería de Educación ha vulnerado nuestro derecho de acceso a la información, estimando nuestra reclamación y dando un nuevo plazo para hacer entrega de la documentación solicitada.
A pesar de ello, Educación se ha mantenido en su misma postura, lo cual ha motivado que el Consejo de Transparencia haya dictado resolución, el pasado día 30 de julio, instando a la Consejería de Educación a que cumpla con su deber de dar acceso a la información a la que le obliga la ley y a que “ponga en marcha procedimientos administrativos respetuosos y en consonancia con la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de transparencia y participación ciudadana de la Región de Murcia”; lo cual constituye un duro correctivo a la forma de proceder de una Consejería que suele actuar con prepotencia e ineficacia.
Sin embargo, tal y como nos temíamos y después de haber consultado con fuentes de la propia Consejería, la realidad es que Adela Martínez Cachá, corroborado por el silencio cómplice de la actual consejera, Esperanza Moreno, mintió cuando afirmó que dichos informes existían y que el Acuerdo firmado con los sindicatos, para hacer efectivo la devolución de las pagas de verano ilegalmente sustraídas a los docentes interinos de la Región, contaba con los avales jurídicos y económicos correspondientes.
Es decir, que Educación firmó un Acuerdo, para dar cumplimiento a una sentencia, por valor de más de 40 millones de euros, que afecta a miles de docentes, sin que exista un solo informe que avale dicha actuación. Igualmente, tampoco existe un expediente administrativo que haya registrado toda la documentación relacionada, incluidas las actas de la reunión con los sindicatos y la adopción de acuerdos, ni estudios jurídicos sobre legitimación ni viabilidad económica alguna, lo cual resulta de una gravedad absoluta, pues demuestra la espantosa gestión de recursos públicos realizada por una administración que incumple sus obligaciones más elementales.
A resultas de ello, anunciamos que AIDMUR va a estudiar si concurren responsabilidades legales, administrativas o penales, a consecuencia de esta situación que, incluso, compromete la legalidad de un Acuerdo que se realizó sin contar con la parte que ganó el asunto en el Tribunal Supremo, pues no existe informe jurídico que haya estudiado y avalado, por parte de la Consejería de Educación, la legitimidad de dicho Acuerdo; el cual, por otra parte, se sigue incumpliendo en cuanto al calendario establecido para la devolución de los pagos correspondientes.
