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AIDMUR VOLVERÁ A LLEVAR AL GOBIERNO REGIONAL ANTE LA JUSTICIA POR DISCRIMINACIÓN

La Asociación de Interinos Docentes de la Región de Murcia iniciará acciones legales por la negativa, por parte del gobierno regional, a abonar el complemento por carrera profesional a los empleados interinos.

El gobierno de la Región de Murcia sigue empeñado en incumplir la normativa y la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que proclaman el principio de igualdad y no discriminación entre empleados de la administración, independientemente del carácter indefinido o temporal de su relación contractual.

El pasado mes de noviembre la Mesa General de Negociación de la Función Pública aprobó la implantación de la carrera profesional en todos los sectores de la Administración regional, de forma que los funcionarios de carrera de Administración y Servicios y de Educación comenzarán a percibir estos complementos salariales de manera progresiva a partir de abril. De manera expresa, e incomprensible, se excluye a los interinos del cobro de dicho complemento, en un ejercicio de cinismo manifiestamente ilegal que no vamos a consentir.

Desde AIDMUR no entendemos la actitud de la administración regional, empeñada en negar la evidencia legislativa y jurisprudencial, y más cuando este gobierno ya ha sido condenado y avergonzado por el Tribunal Supremo a resultas de la sentencia ganada por AIDMUR el pasado verano por la cuestión del impago del verano a los docentes interinos, lo que motivó la derogación de un acuerdo del Consejo de Gobierno.

Por esta razón, anunciamos que ya estamos estudiando el ejercicio de las acciones legales oportunas, tanto administrativas como penales, contra una norma manifiestamente ilegal e impuesta a sabiendas de su ilegalidad.

No acertamos a entender cómo es posible que una administración incumpla consciente y voluntariamente la normativa constitucional y europea, así como la jurisprudencia, que consagran el principio de igualdad y no discriminación.

Pensamos que a este gobierno poco le importa el cumplimiento de la legalidad, y tampoco debe importarle mucho el gasto que va a originar a los ciudadanos de la Región en litigios ante la justicia. Asimismo demuestran un escaso sentido de la responsabilidad y de la vergüenza cuando saben perfectamente que van a perder ante los tribunales y que van a tener que hacer frente al pago de cantidades millonarias, e incluso indemnizatorias, así como el caos que supondrá la actualización de las correspondientes nóminas a miles de afectados/as.

Por ello nos preguntamos si estos teóricos responsables políticos actuarían de la misma forma si estos tuvieran que afrontar personalmente dichos gastos de su propio bolsillo, pues parecen actuar muy alegremente con el dinero que es de todos; al igual que ha ocurrido con la vergonzosa publicación de un libro plagado de faltas de ortografía, auspiciado por la consejería de agricultura y la de educación, que nos cuesta la friolera de 150.000 euros, y que no ha pasado por ningún control ni supervisión. Y es que esto es lo que ocurre cuando se da cobertura a determinados chiringuitos, entrelazados con relaciones personales, y cuando el nivel de nuestros representantes es tan sumamente bajo, por lo que solicitamos públicamente que la Asamblea Regional fiscalice la actuación del programa escolar de consumo de frutas y hortalizas, que supone más de 800.000 euros que deberían estar perfectamente justificados.

LAS MADRES DOCENTES INTERINAS SIGUEN SIENDO DISCRIMINADAS POR EL GOBIERNO DE LA REGIÓN DE MURCIA

La consejería de Educación de la Región de Murcia mantiene su empeño en ponerles las cosas más difíciles a las docentes interinas que fueron madres durante el curso pasado.

Y encima lo hacen saltándose la ley y la promesa realizada por la consejera de Educación, María Isabel Sánchez Mora, en sede parlamentaria, en la propia Asamblea Regional.

Desde AIDMUR venimos denunciando, desde hace meses, que las docentes interinas que estuvieron de licencia por maternidad, y a pesar de haber cumplido con el requisito de cotización de 255 días para poder cobrar los meses de verano, no han percibido dicha remuneración, precisamente por encontrarse en esa situación.

Afirmamos rotundamente que la consejería de Educación, por tanto, ha mentido y ha cometido una ilegalidad, además de haber demostrado una actitud sumamente miserable al “racanear” unas pocas nóminas a costa de la maternidad de nuestras compañeras.

No podemos entender, ni vamos a consentir, que se mantenga un acto tan ruin, mezquino y lamentable, impropio de una administración responsable y mínimamente sensible, que vulnera abiertamente los derechos de las mujeres.

Se trata de una afrenta más contra el colectivo docente interino de la Región de Murcia en la enfermiza espiral de desconsideración de esta consejería, y más concretamente contra las mujeres, que descalifica del todo a la consejera de Educación y a su equipo. Por ello, no admitimos ni excusas ni rectificación, sino su dimisión o cese inmediato. No podemos permitir que a estas alturas del siglo XXI aún se cometan estas auténticas tropelías contra los derechos de las mujeres y contra los derechos derivados de la maternidad.

El gobierno de la Región de Murcia, por tanto, discrimina a unas profesoras por razones de maternidad, vulnerando derechos constitucionales y derechos recogidos en leyes orgánicas y en normativa de ámbito regional.

Recordamos que el tiempo en el que las docentes interinas estén de baja por maternidad es tiempo que computa a todos los efectos como de servicio prestado, y debe disponer, por tanto, de los mismos derechos económicos que cualquier otra funcionaria pueda disponer, sea interino o funcionaria de carrera.

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La normativa que incumple el gobierno regional y que la consejera de Educación se empeña en seguir vulnerando es amplia y clara. Por ejemplo, la primera norma que han ignorado es la Constitución, que en sus artículos 14 y 35.1 garantiza la no discriminación de la mujer en ningún caso, pero mucho menos en el ámbito laboral.

A ello hay que añadir la Ley Orgánica de Igualdad efectiva de Hombres y Mujeres, que en sus artículos 8 y 44, considera la ilegalidad de la discriminación directa por razón de sexo y todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con su situación por embarazo o maternidad.

Además, el propio Estatuto Básico del Empleado Público, con rango de Ley, establece en su artículo 49 c, «que el tiempo transcurrido durante el permiso por maternidad debe garantizar la plenitud de los derechos económicos de la funcionaria».

Incluso, la Resolución de 11 de marzo de 2016 que regula el actual acuerdo de interinos dispone la protección de la situación de maternidad, cosa que también se vulnera flagrantemente. Es más, nos surge la duda de si con este criterio el período del nuevo permiso de paternidad que entró en vigor este mes, tampoco computa a efectos de poder recibir la remuneración correspondiente a los meses de verano pese a haber cotizado durante ocho meses y medio.

Queremos, por tanto, denunciar públicamente este escándalo para que sean retiradas estas prácticas discriminatorias contra los derechos de las mujeres y la maternidad, por lo que esta consejera, que ha sido reprobada por la Asamblea Regional, debe abandonar inmediatamente la vida política, y las afectadas deben ver repuestos sus derechos con la petición pública de disculpas por parte del gobierno regional por mantener actitudes tan retrógradas y sin sentido.

 

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