LOS INTERINOS DE TODO EL PAÍS DENUNCIAN IRREGULARIDADES EN LAS OPOSICIONES A MAESTROS.
A 22 de agosto de 2013.
La Coordinadora Estatal de Interinos, formada por organizaciones de docentes interinos de diferentes CCAA, quiere denunciar públicamente la forma en que ha tenido lugar el proceso de Oposiciones al Cuerpo de Maestros de Educación Primaria, celebradas recientemente, por las diversas y notorias irregularidades que han padecido los aspirantes.
Algunas organizaciones sindicales ya han hecho públicas sus denuncias en distintas CCAA, y los medios de comunicación se han hecho eco de ello, siendo algunas de ellas de especial gravedad.
Los maestros y maestras interinas queremos poner de manifiesto, además, que no son casos excepcionales ni aislados, ya que la dinámica se repite en todas las CCAA que han convocado oposiciones. Unas oposiciones marcadas por las limitaciones impuestas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que fijaba una tasa de reposición máxima del 10%, lo que ha provocado unas convocatorias exiguas en cuanto al número de plazas ofertadas, y polémicas por la incertidumbre, los modos autoritarios en la decisión de convocatoria y la tardanza de la misma, lo que ha perjudicado gravemente a los aspirantes, que han estado desprovistos de tiempo para preparar con rigor algo tan serio como una oposición.
Y por si no fuera poco, en varias CCAA se han impuesto unilateralmente, por parte de la Administración y con el rechazo frontal de las organizaciones sindicales y de los docentes, sistemas de rebaremación de listas de interinos en los que se perjudica expresamente al profesorado que cuenta con experiencia y no se le reconoce ni sus méritos, ni su práctica docente, ni si ha aprobado previamente una oposición. Es decir, un disparate mayúsculo, por cuanto la Administración educativa es la única que trata caprichosamente a sus empleados interinos, los vilipendia públicamente y los maltrata. Recordamos aquí que todas las Administraciones poseen sistemas estables de ordenación de sus bolsas de interinos, en las cuales el criterio principal para su ordenación es la experiencia.
Respecto a dichas irregularidades, esta vez han saltado todas las alarmas. En la mayoría de las ocasiones los aspirantes desconocían los criterios de calificación de las pruebas; más aún, se ha vulnerado el principio de igualdad cuando, por desconocimiento, no todos los tribunales han aplicado los mismos criterios. Por citar algunos ejemplos, tanto en la Comunidad Valenciana como en Madrid, hubo ejercicios con enunciados mal redactados o incompletos. En esta última se repiten las sospechas de filtración del examen a una academia de preparación de oposiciones que tenía los ejercicios de la parte común (un ejercicio añadido que es, ya de por sí, una irregularidad) resueltos la misma mañana, antes incluso de que terminara la prueba, lo cual constituye un escándalo mayúsculo que por sí solo implicaría la anulación de las oposiciones y la asunción de responsabilidades políticas y administrativas, si no penales.
Las condiciones en las que se realizaron las pruebas, además, no siempre fueron las mismas, impidiendo que todos los aspirantes tuvieran las mismas oportunidades en un proceso que, ya de por sí, es trascendentalmente subjetivo, cosa que no ocurre en ninguna Administración. La falta de tiempo, deficiente redacción y nula información son las quejas más recurrentes de los y las opositoras en cuanto al examen.
El número de reclamaciones ha registrado cifras récord y, sin embargo, según hemos podido saber, algunas Administraciones dieron órdenes a los tribunales de no responder a las reclamaciones e incluso no enseñar los exámenes, algo que entendemos irregular, pues podría contravenir la legislación sobre procedimiento administrativo, según la cual el interesado tiene derecho a consultar toda la documentación de un procedimiento administrativo como es un proceso selectivo de la Administración.
La publicación de las notas de la primera parte, cuyo aprobado condiciona el paso a la segunda, ha sido un cúmulo vergonzoso de despropósitos. En la Región de Murcia, por ejemplo, había aspirantes sin calificar e incluso con notas intercambiadas entre aspirantes. En Andalucía, tras poner en alarma a todos los opositores informándoles de la posibilidad de errores en sus calificaciones, la Consejería ha decidido actuar de oficio y revisar las notas, sembrando para siempre la sombra de la duda en este proceso.
No es casual, ni muchísimo menos, el elevado número de suspensos que, no nos cabe duda, obedece a la ridícula oferta de plazas. Nos llama la atención como, por ejemplo, en La Rioja, el número de aprobados desciende escalonadamente a medida que pasan los días, es decir, a medida que se les “agotan” las plazas ofertadas. Asimismo, en Murcia, el tiempo para la corrección de la segunda prueba era tan limitado que era imposible que un mismo tribunal pudiera examinar a más de treinta aspirantes, por lo que evidentemente el proceso “invitaba” a que hubiese un número muy bajo de aspirantes aprobados.
No parece creíble la posibilidad de seleccionar a las y los mejores docentes mediante un examen marcado por la subjetividad, cuando éste está lleno de errores de fondo y forma. Esta falta de seriedad resulta aun más grave en el contexto de conflicto que las diferentes Administraciones educativas mantienen abiertas contra el colectivo que más defiende la calidad de la educación pública y su dignidad profesional.
Este proceso de selección, chapucero y sin garantías de igualdad, transparencia y objetividad, va en la línea de la campaña de desprestigio y progresiva precarización que venimos sufriendo como colectivo profesional, con imposición de “acuerdos” sectoriales que suponen la pérdida de miles y miles de empleos para profesores y maestros con experiencia y formación demostrada.
Por todo ello, la Coordinadora Estatal de Interinos va a continuar defendiendo los derechos y la dignidad del colectivo docente interino, y seguimos reivindicando, de un lado, un sistema de acceso que sea objetivo y valore verdaderamente los méritos y experiencia de los aspirantes; y por otro lado, rechazamos la “ola” de imposiciones antidemocráticas que pretenden regular las listas de interinidad desde el sectarismo y la demagogia con el objetivo de establecer un régimen de precariedad e inestabilidad entre el profesorado interino, lo que conduce a minar la calidad del sistema público educativo y, por añadidura, el futuro de los jóvenes de este país.
COORDINADORA ESTATAL DE INTERINOS.