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PAGO VERANOS. EDUCACIÓN HA VULNERADO EL DERECHO A LA INFORMACIÓN DE AIDMUR.

En un duro dictamen el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia dictamina que la Consejería de Educación ha vulnerado el derecho a la información de AIDMUR relacionado con el pago del verano a los docentes interinos.
El Acuerdo firmado con los sindicatos para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo, en el litigio ganado por AIDMUR, se hizo sin la existencia de informes jurídicos o económicos y sin que se hubiera abierto expediente administrativo alguno.

Murcia, 05 de AGOSTO de 2020

Duro varapalo del Consejo de Transparencia de la Región de Murcia a la Consejería de Educación, el cual ha dictaminado que la administración educativa regional ha vulnerado el derecho de AIDMUR al acceso a información pública.

Tras la victoria de AIDMUR en el Tribunal Supremo para la restitución de las pagas de verano sustraídas ilegalmente entre los años 2012 y 2015, en virtud de STS núm. 966/2018, recaída en el recurso noº 291/2012 del TSJ de Murcia, sobre impugnación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 24 de febrero de 2012, la Consejería y las organizaciones sindicales firmaron un Acuerdo para dar cumplimiento y ejecución a dicha sentencia, estableciendo un polémico calendario de pagos que a fecha de hoy se sigue incumpliendo.

A raíz de dicho Acuerdo, realizado a espaldas de AIDMUR, siendo nosotros los recurrentes y ganadores ante el Tribunal Supremo, solicitamos el acceso a toda la documentación pertinente que avalaba dicho acuerdo, después de que la propia consejera, en aquel entonces Adela Martínez Cachá, afirmase públicamente y en
una reunión mantenida con nosotros, que el acuerdo contaba con el aval correspondiente de los servicios jurídicos y económicos de la Consejería de Educación

AIDMUR, como parte interesada y con toda la legitimación legal (tal y como reconoce la legislación y el propio Consejo de Transparencia) requirió a la administración la remisión de dicha documentación y dichos informes para nuestro conocimiento. Sin embargo, la Consejería nunca atendió nuestra legítima petición, haciendo caso omiso a nuestras reiteradas peticiones. Como ejemplo de la actitud de la administración, decir que esta ha ido entregando documentación absolutamente irrelevante en un vano intento de burlar el derecho de nuestros asociados, cosa que no íbamos a tolerar.

Esta actitud fue lo que motivó que AIDMUR decidiera acudir al Consejo de Transparencia de la Región de Murcia y solicitar, así, su amparo. Desde entonces, y hablamos de 2018, la Consejería de Educación se ha negado a entregar la documentación solicitada a pesar de los requerimientos del Consejo de Transparencia hasta que, hace unas semanas, este organismo dictaminó que la Consejería de Educación ha vulnerado nuestro derecho de acceso a la información, estimando nuestra reclamación y dando un nuevo plazo para hacer entrega de la documentación solicitada.

A pesar de ello, Educación se ha mantenido en su misma postura, lo cual ha motivado que el Consejo de Transparencia haya dictado resolución, el pasado día 30 de julio, instando a la Consejería de Educación a que cumpla con su deber de dar acceso a la información a la que le obliga la ley y a que “ponga en marcha procedimientos administrativos respetuosos y en consonancia con la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de transparencia y participación ciudadana de la Región de Murcia”; lo cual constituye un duro correctivo a la forma de proceder de una Consejería que suele actuar con prepotencia e ineficacia.

Sin embargo, tal y como nos temíamos y después de haber consultado con fuentes de la propia Consejería, la realidad es que Adela Martínez Cachá, corroborado por el silencio cómplice de la actual consejera, Esperanza Moreno, mintió cuando afirmó que dichos informes existían y que el Acuerdo firmado con los sindicatos, para hacer efectivo la devolución de las pagas de verano ilegalmente sustraídas a los docentes interinos de la Región, contaba con los avales jurídicos y económicos correspondientes.

Es decir, que Educación firmó un Acuerdo, para dar cumplimiento a una sentencia, por valor de más de 40 millones de euros, que afecta a miles de docentes, sin que exista un solo informe que avale dicha actuación. Igualmente, tampoco existe un expediente administrativo que haya registrado toda la documentación relacionada, incluidas las actas de la reunión con los sindicatos y la adopción de acuerdos, ni estudios jurídicos sobre legitimación ni viabilidad económica alguna, lo cual resulta de una gravedad absoluta, pues demuestra la espantosa gestión de recursos públicos realizada por una administración que incumple sus obligaciones más elementales.

A resultas de ello, anunciamos que AIDMUR va a estudiar si concurren responsabilidades legales, administrativas o penales, a consecuencia de esta situación que, incluso, compromete la legalidad de un Acuerdo que se realizó sin contar con la parte que ganó el asunto en el Tribunal Supremo, pues no existe informe jurídico que haya estudiado y avalado, por parte de la Consejería de Educación, la legitimidad de dicho Acuerdo; el cual, por otra parte, se sigue incumpliendo en cuanto al calendario establecido para la devolución de los pagos correspondientes.

AIDMUR VOLVERÁ A LLEVAR AL GOBIERNO REGIONAL ANTE LA JUSTICIA POR DISCRIMINACIÓN

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La Asociación de Interinos Docentes de la Región de Murcia iniciará acciones legales por la negativa, por parte del gobierno regional, a abonar el complemento por carrera profesional a los empleados interinos.

El gobierno de la Región de Murcia sigue empeñado en incumplir la normativa y la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que proclaman el principio de igualdad y no discriminación entre empleados de la administración, independientemente del carácter indefinido o temporal de su relación contractual.

El pasado mes de noviembre la Mesa General de Negociación de la Función Pública aprobó la implantación de la carrera profesional en todos los sectores de la Administración regional, de forma que los funcionarios de carrera de Administración y Servicios y de Educación comenzarán a percibir estos complementos salariales de manera progresiva a partir de abril. De manera expresa, e incomprensible, se excluye a los interinos del cobro de dicho complemento, en un ejercicio de cinismo manifiestamente ilegal que no vamos a consentir.

Desde AIDMUR no entendemos la actitud de la administración regional, empeñada en negar la evidencia legislativa y jurisprudencial, y más cuando este gobierno ya ha sido condenado y avergonzado por el Tribunal Supremo a resultas de la sentencia ganada por AIDMUR el pasado verano por la cuestión del impago del verano a los docentes interinos, lo que motivó la derogación de un acuerdo del Consejo de Gobierno.

Por esta razón, anunciamos que ya estamos estudiando el ejercicio de las acciones legales oportunas, tanto administrativas como penales, contra una norma manifiestamente ilegal e impuesta a sabiendas de su ilegalidad.

No acertamos a entender cómo es posible que una administración incumpla consciente y voluntariamente la normativa constitucional y europea, así como la jurisprudencia, que consagran el principio de igualdad y no discriminación.

Pensamos que a este gobierno poco le importa el cumplimiento de la legalidad, y tampoco debe importarle mucho el gasto que va a originar a los ciudadanos de la Región en litigios ante la justicia. Asimismo demuestran un escaso sentido de la responsabilidad y de la vergüenza cuando saben perfectamente que van a perder ante los tribunales y que van a tener que hacer frente al pago de cantidades millonarias, e incluso indemnizatorias, así como el caos que supondrá la actualización de las correspondientes nóminas a miles de afectados/as.

Por ello nos preguntamos si estos teóricos responsables políticos actuarían de la misma forma si estos tuvieran que afrontar personalmente dichos gastos de su propio bolsillo, pues parecen actuar muy alegremente con el dinero que es de todos; al igual que ha ocurrido con la vergonzosa publicación de un libro plagado de faltas de ortografía, auspiciado por la consejería de agricultura y la de educación, que nos cuesta la friolera de 150.000 euros, y que no ha pasado por ningún control ni supervisión. Y es que esto es lo que ocurre cuando se da cobertura a determinados chiringuitos, entrelazados con relaciones personales, y cuando el nivel de nuestros representantes es tan sumamente bajo, por lo que solicitamos públicamente que la Asamblea Regional fiscalice la actuación del programa escolar de consumo de frutas y hortalizas, que supone más de 800.000 euros que deberían estar perfectamente justificados.

Información sobre el cobro del verano a raíz de la sentencia ganada por AIDMUR en el Tribunal Supremo:

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Puedes descargarte este texto en PDF pinchado aquí InformaciónCobroVerano

Información sobre el cobro del verano a raíz de la sentencia ganada por AIDMUR en el Tribunal Supremo:

Después del «acuerdazo» llevado a cabo por los sindicatos con la Consejería de Educación, nuestros servicios jurídicos entienden que existen dos aspectos que pueden resultar especialmente perjudiciales para el colectivo de docentes interinos afectados:

Que los plazos previstos para el pago, según dicho “acuerdo”, están condicionados a “razones presupuestarias” que no se concretan, por lo que podrían ocasionarse retrasos sobre los que no cabría reclamación. Además, también implica la renuncia al cobro de los intereses por mora, algo que resulta una cesión incomprensible y no legítima que han realizado los sindicatos sin consultar con los afectados y con quien ha ganado la sentencia, es decir: AIDMUR.
Que los pagos, experiencia y demás derechos, correspondientes de los cursos 2013 -2014 y 2014-2015 se reconocen exclusivamente a aquellos que trabajaron al menos 255 días. Algo a nuestro juicio totalmente incomprensible, pues deberían estar sujetos al periodo de 165, que es el fijado por el acuerdo de interinos sobre cuya disposición ha fallado el Tribunal Supremo, derogando la norma del Consejo de Gobierno de la Región que nos arrebató ilegalmente el derecho al cobro del verano.

Según nuestro abogado, José Mateos, se nos presentan varias posibilidades de actuación.

1.- Personas que quieran adherirse al acuerdo:

En este caso, les basta con pinchar el botón que se habilitará en su página personal de Educarm. Habrá tiempo suficiente para decidirse y recomendamos no precipitarse, pues pulsando el botón se renuncia a toda posible acción legal posterior. Es decir, que hacer click en dicha opción resulta vinculante e implica la renuncia expresa a realizar una reclamación.

Además, hay que tener en cuenta que las cantidades adeudadas están sujetas a disponibilidad presupuestaria y que AIDMUR desconoce los términos y efectos del acuerdo firmado. Al respecto, no hemos recibido los informes jurídicos y económicos que presuntamente avalan dicho acuerdo, pues la consejera de educación, Adela Martínez Cachá, se ha negado a facilitarlos pese a que se comprometió a ello.

Debemos tener en cuenta que esta falta de transparencia hace que se desconozcan aspectos como qué procedimiento va a seguirse respecto a la regularización de las oportunas prestaciones por desempleo percibidas durante los periodos afectados, así como en lo referente a las declaraciones por IRPF.

Por todo ello, desde AIDMUR recomendamos que se consulte con las organizaciones sindicales que firmaron dicho “acuerdo”.

No obstante, nuestro abogado reconoce que la aceptación y la adhesión al acuerdo resulta razonable para aquellos que tengan reconocidos los 4 veranos, aunque en ningún caso podemos garantizar el cumplimiento del acuerdo y desconocemos los pormenores del mismo.

En el caso de las personas que están siendo llamadas por la consejería como “primeros firmantes de la demanda”, aquellos que se adhirieron a nuestra demanda inicial ante el TSJ, cobrarán el 100% antes de finalizar 2018. En este punto, recordamos que lo que expresa la literalidad del “acuerdo” es que cobrarán en primer lugar “los que han ganado la sentencia”, y que la Consejería va a interpretar lo que le dé la gana (veremos si esto posee consecuencias), en realidad quien gana la sentencia es AIDMUR, en exclusiva, pues es la única parte firmante del recurso ante el Tribunal Supremo.

2.- Personas que no quieran acogerse al acuerdo firmado:

Solicitar la Revisión de Oficio (los escritos que hemos presentado), a los que la Consejería podría responder de forma favorable (solución harto improbable), o no responder (silencio administrativo), considerado como negativo y equivalente a la denegación de los aspectos solicitados.

Este trámite requiere la intervención del Consejo Jurídico, aunque su dictamen no resulta vinculante y tardaría unos 6 meses. Este paso ya lo habéis dado y a la mayoría no os han contestado, por lo que si queréis seguir con el procedimiento os recomendamos que presentéis el escrito que os adjuntamos.

Se da la casuística de que el sindicato SIDEMUR, con una revisión de oficio “muy parecida” a la nuestra, le ha sido admitida a trámite las suya, mientras que las nuestras permanecen en silencio administrativo. No entendemos por qué a nosotros, que las presentamos este verano pasado, aún no hemos recibido notificación alguna. Por lo que el abogado recomienda que quien demande tendría que tener esta revisión de oficio admitida a trámite, por lo que podemos apresurarla registrando el documento adjunto en la Consejería de Educación, puedes descargarte el documento Pinchando aquíí.

Reclamación en primera instancia ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo. Este trámite podría durar, como mucho, 1 año. En este trámite se pediría la totalidad de los veranos de los cursos en los que hayáis trabajado 5,5 meses.
Si la sentencia del Juzgado de lo Contencioso no resultara favorable o la Consejería la recurriera tendríamos que apelar al Tribunal Superior de Justicia (TSJ).Este trámite podría durar 1 año.
Si la sentencia del TSJ no resultara favorable, sería improbable que Tribunal Supremo admitieran nuestra demanda a trámite.

José Mateos también nos comenta que si perdiéramos, considera que la Consejería debería abonarnos, al menos, lo que se ha aprobado en el “acuerdo”, ya que de no hacerlo estarían cometiendo un delito de prevaricación. No puede garantizarnos que los jueces vayan a asumir ese criterio, pero entiende que es el más razonable porque una Administración no puede pagar dinero público a quien no tiene derecho a ello y, por tanto, no puede abonar una cantidad a un interino que se acoja al “acuerdo” y negársela a otro que se encuentre en sus mismas condiciones pero ha decidido no suscribirlo.

José Mateos se caracteriza por decir las cosas tal como son, y por ello nos indica que existen unos riesgos que todos debemos conocer para poder tomar una decisión. Si perdiéramos en el contencioso (realmente poco probable) y nos condenaran en costas, la cantidad máxima podría ser unos 900€. Si fuéramos al TSJ y ocurriera lo mismo, las costas serían unos 700€. Pero estas condenas serían muy improbables, pues solo se darían si no se concediera ni uno solo de los veranos; es decir, que el juzgado nos negara el acuerdo ya firmado por la Consejería, algo bastante complicado pues tenemos constancia de que la administración ya está desistiendo en algunos juicios pendientes

Todo esto conlleva unos gastos con el abogado:

Si la sentencia es favorable y la Consejería es condenada, cobraría de las costas por lo que no habría costo para el demandante.
Si la sentencia es favorable pero la Consejería no es condenada en costas, el costo ascendería al 5% de lo obtenido.
Si la sentencia es desfavorable en la vía contenciosa: 60€
Si la sentencia es desfavorable en el TSJ: 40€

Para más información puedes mandar un email al abogado tomasdeaquino49@hotmail.com y pedir cita en su despacho. Recordamos que sus honorarios en consulta para asociados son de 20€, y para no asociados ascienden a 40€.

AIDMUR LLEVA A ADELA MARTÍNEZ-CACHÁ ANTE EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA DE LA REGIÓN DE MURCIA

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Los docentes interinos de la Región hemos presentado una reclamación contra la Consejería de Educación por ocultar los informes jurídicos relativos al acuerdo de ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo que restaura el derecho al cobro del verano ilegalmente sustraído a los interinos.

La asociación de interinos docentes de la Región de Murcia (AIDMUR) ha registrado una reclamación contra la Consejería de Educación por la denegación del derecho al acceso a información pública en la que, además, nuestra asociación posee un interés legítimo, ya que AIDMUR es la parte ganadora en el recurso de casación ante el Tribunal Supremo que dio lugar a la STS 966/2018, de 11 de junio, donde se anula el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 24 de febrero de 2012, que privaba a los funcionarios interinos docentes del derecho al cobro de los meses de verano aunque hubiesen trabajado todo el curso.

A raíz de esta sentencia, la Consejería de Educación firmó un acuerdo, el pasado 6 de julio, con la mayoría de fuerzas sindicales en el que establecía un calendario de pagos para el abono de los meses de verano (correspondientes al periodo 2012-2015) que adeudaba a los funcionarios interinos.

AIDMUR tiene serias dudas sobre la legalidad de dicho Acuerdo, entre otros motivos por la arbitraria y discriminatoria prelación de pagos entre interinos que establecía, y porque dejaba en manos de la Consejería las fechas del abono efectivo de las cantidades (solamente con alegar “insuficiencia presupuestaria”, la Consejería puede demorar sine die el cumplimiento del calendario de pagos).

Por tal motivo, AIDMUR preguntó a la Consejera de Educación, en la reunión mantenida el pasado lunes 17 de septiembre, si dicho Acuerdo contaba con alguna clase de aval jurídico que garantizase su legalidad. Adela Martínez Cachá nos respondió que los servicios jurídicos habían emitido una serie de informes que aseguraban este extremo, así como que los ponía a nuestra disposición “sin ningún problema”.

Tras recibir dicha respuesta, y teniendo en cuenta además, que AIDMUR ya solicitó en el mes de julio la recepción de dichos informes, el pasado jueves 20 de septiembre, recibimos una llamada telefónica desde la Consejería para recoger dicha documentación. Nuestra sorpresa fue absoluta, ya que nos hicieron entrega de la sentencia y nuestras propias solicitudes, sin adjuntar documento alguno; lo cual interpretamos como un intento de burla.

Desde AIDMUR no entendemos este tipo de actuaciones pueriles por parte de una administración que debería ser más seria en sus actuaciones, y tan solo se nos ocurre que Martínez Cachá ha tenido nuevamente un ataque de prepotencia, o bien que dichos informes, sencillamente, no existen.

Ambas situaciones ya deberían motivar su cese o dimisión, pues implicarían que nos ha mentido o que tiene algo que ocultar. Igualmente grave sería que hubiera tomado una decisión, al llegar a un acuerdo con las organizaciones sindicales, sin tener en cuenta o solicitar un informe jurídico y económico en una causa que le va a costar alrededor de 40 millones de euros por culpa de la actuación fraudulenta y negligente de una Consejería de Educación que solo da tumbos y parece no tener un rumbo claro, lo cual tiene traslado en los pésimos datos que acumulan los últimos consejeros de educación y sus respectivos directores generales de RRHH, responsables directos y exclusivos de todo este conflicto que le va a salir muy caro a los bolsillos de los ciudadanos de nuestra Región.

Por todo ello estimamos, tras consultar con nuestro servicio jurídico, que la actuación de Adela Martínez Cachá es radicalmente incompatible con el derecho de acceso consagrado en el art. 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen gobierno que, interpretado en coherencia con el art. 105.b) CE, los arts. 23 y ss. de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la LRJPAC, consagra el derecho de acceso a la información pública y obtención de copia de los documentos imbricados en el expediente administrativo, con las limitaciones incluidas en la citada ley y que, en el presente caso, es evidente que no se producen, al encontrarnos ante un expediente cuya piedra angular son informes de los servicios jurídicos sobre la correcta ejecución de una sentencia que anula una disposición administrativa de carácter general.