La Asociación de Interinos Docentes de la Región de Murcia respaldará la convocatoria ante un escenario de “bajas sin cubrir desde el día 1 de septiembre incluso en centros de actuación preferente, dotación presupuestaria mínima a los centros para la compra de EPIS del todo insuficiente para proteger a sus trabajadores y cambios, contradicciones e incoherencias en las órdenes de inicio de curso”

La comunidad educativa celebrará el próximo 23 de septiembre una jornada de huelga para protestar ante la caótica situación que se está viviendo en los centros de enseñanza de la Región de Murcia durante este inicio de curso. Esta mañana, han sido los profesores y maestros interinos quienes han mostrado su respaldo absoluto a la convocatoria, a través de la Asociación de Interinos Docentes de la Región de Murcia (AIDMUR), ya que consideran que “este curso no está siendo un curso normal, ni para docentes ni para el alumnado y sus familias”. La portavoz de AIDMUR, Sara Henarejos, ha mostrado su convicción de que “los docentes de la Región están dando el cien por cien de sus esfuerzos para que los colegios e institutos de nuestra provincia sean centros seguros”, pero señala que no pueden lograr ese objetivo “si desde la Consejería de Educación no se bajan las ratios, se contrata a un número suficiente de docentes, se dota a los centros de Equipos de Protección Integral (EPI) y se provee de equipos informáticos suficientes para trabajar con los alumnos y alumnas ante un nuevo confinamiento o cuarentena que pueda surgir en un futuro cercano”.

Henarejos ha denunciado que pese a esta situación “para la Consejería de Educación sigue siendo el mismo inicio de curso de siempre” y ha relatado como se están produciendo “bajas sin cubrir desde el día 1 de septiembre, incluso en centros de actuación preferente”, además de “no contar con la mínima dotación presupuestaria para la compra de EPI para proteger a los trabajadores y trabajadoras delos centros”. La portavoz de AIDMUR también ha mostrado la estupefacción de los docentes ante los “cambios de última hora, las contradicciones y la improvisación constante que parece estar guiando a la Consejería de Educación a la hora de establecer las órdenes del inicio de curso”. La última de estas órdenes, tal y como denuncian los interinos, ha sido publicar un protocolo de actuación ante un caso COVID en el aula en sel que se expresa textualmente que “la evaluación del uso adecuado de la mascarilla será realizada por el profesor/tutor de la clase o por la persona que ha sido designada como responsable COVID-19 en el centro.”.

Respecto a esta última indicación, Henarejos demanda que la consejería “deje de atribuir a los docentes responsabilidades para las que nosotros no estamos capacitados, para las que no se nos ha dado ninguna formación, y cuya protección legal es más que dudosa”. La portavoz de AIDMUR ha criticado que tras haber obligado a los centros a “realizar un plan de contingencia propio de un equipo sanitario”, y nombrar “una figura de un responsable COVID que debería haber sido un enfermero o enfermera y no un docente”, ahora espera que sean los profesores quienes decidan “si las mascarillas de nuestros alumnos son las adecuadas, si hacen un uso responsable de ella, si vienen de casa limpias, nuevas u homologadas”. Henarejos ha concluido llamando “a la movilización de toda la comunidad educativa” ante lo que consideran “un ataque contra el derecho a la educación pública, con las condiciones de seguridad adecuadas y que garantice que la igualdad en el acceso a la enseñanza a todos los alumnos y alumnas”.

 En una iniciativa jurídica promovida por AIDMUR, Asociación de Interinos Docentes de la Región de Murcia, y a la que se han sumado más de cuarenta docentes de la región desde la plataforma Docentes Unidos, piden en su demanda que se dictaminen medidas cautelares que garanticen una vuelta segura a las aulas.

Murcia 27 de agosto 2020

La Asociación de Interinos Docentes de la Región de Murcia (AIDMUR) llevará a los tribunales a la Consejería de Educación al entender que las medidas anunciadas por Esperanza Moreno para el inicio de curso “no ofrecen las mínimas garantías de seguridad sanitaria para hacer frente a la pandemia del coronavirus”.

La secretaria de la asociación, Sara Henarejos, ha explicado que las medidas planteadas por la Consejería de Educación “no garantizan la seguridad ni de los docentes, ni del alumnado, ni de el resto de profesionales que realizan su labor en los centros educativos” por tanto y, ante la inacción de la consejería quien ya ha afirmado que no piensa discutir con la comunidad educativa las medidas de inicio de curso “no nos ha quedado otro remedio que exigir en los tribunales lo que creemos que nos corresponde por derecho y es que se garanticen unos mínimos de seguridad en los centros educativos”.

En opinión de Henarejos  “Esperanza Moreno, ha vuelto a ignorar a la comunidad educativa en sus demandas de contratar más profesorado y habilitar espacios”, pero lo que es más grave “ha ignorado los derechos a la seguridad de docentes, alumnos y trabajadores de los centros educativos”. La secretaría de AIDMUR ha recordado que no es la primera vez que Esperanza Moreno se niega a ampliar las plantilla, pues ya en el mes de marzo cuando el Gobierno de España aprobó la derogación de los recortes del ex ministro Wert, se negó a bajar las ratios y las horas lectivas al profesorado. “En 2012 fueron los primeros en despedir a 3.300 docentes y nunca han manifestado la más mínima intención de recuperarlos, aunque nos vaya la salud en ello, ya parece algo personal” ha afirmado Henarejos,

Los docentes han presentado la demanda de mano de los abogados murcianos Sergio Ramos y José Enrique Saura, Ramos ha expresado que en su opinión lo la Consejería de Educación ha incurrido en una “VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES POR FALTA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES” por lo que se solicitar a juzgados de los social de Murcia y Cartagena que resuelvan de forma urgente un procedimiento de medidas cautelares que garanticen una vuelta segura a las aulas. En opinión del abogado, “la Consejería de educación ha faltado a su deber al no realizar una evaluación previa de los riesgos de los puestos de trabajo” y ello a pesar de estar inmersos en un contexto de pandemia y crisis sanitaria, lo que no solo vulneraría lo dispuesto en los arts. 16.2 y 25.1 LPL, sino también las más elementales directrices de las autoridades sanitarias.

Ramos ha explicado que las medidas cautelares pedidas son tan de sentido común como “garantizar que en las aulas se cumple con la distancia de seguridad, un informe de riesgos laborales sobre el riesgo de cada puesto o la entrega de EPIS certificados por riesgos laborales y adaptados al puesto de trabajo”. El abogado ha explicado que el procedimiento de medidas cautelares se utiliza debido a la urgencia de resolución ya que el próximo día 1 los docentes tienen que incorporarse a las aulas y no tienen garantizada la seguridad en las mismas, y con este procedimiento el juez debe resolver de manera urgente aunque el proceso sobre el fondo de la demanda se demorará en el tiempo.

Por último Henarejos se ha hecho eco del descontento de gran parte de la comunidad educativa con la Consejera de Educación, y ha lamentado que sean los docentes los que tengan que exigir en los tribunales lo que la Consejería de Educación debería garantizar, “si Esperanza Moreno no se ve capacitada para hacer su trabajo garantizando la seguridad en las aulas, alguien debería invitarle a marcharse y poner en su lugar a una persona que no nos haga peligrar nuestra salud ni la de nuestros alumnos” ha sentenciado, la secretaria de AIDMUR.

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AIDMUR sigue manteniendo que cualquier proceso selectivo debe ir acompañado de un proceso de estabilización del profesorado interino, que garantice que ningún docente pierde su puesto de trabajo

Murcia 30 octubre de 2019
Desde Aidmur, y como hemos venido reiterando en las anteriores OPEs, rechazamos cualquier tipo de oposición que no garantice que ningún interino pierda su puesto de trabajo para el próximo curso y exigimos que se negocie conjuntamente con el proceso de oposición un plan de estabilidad para el profesorado interino, que debe venir vinculada a un cierre de listas y a la garantía de que ningún docente pierde su puesto de trabajo.

No rechazamos la convocatoria de OPEs, pero toda OPE tiene que venir acompañada de un proceso de estabilización real de la plantilla actual para garantizarle el puesto de trabajo a toda esa gente que se encuentra en fraude de ley y que tantas veces  ha dado la cara por  la administración en los años más duros de la crisis. En el caso de la Región de Murcia esto va inexorablemente unido a una modificación del acuerdo de interinos que conlleve un cierre de listas y a una oferta basada en la tasa de reposición, en tanto no se modifique el decreto de acceso a la función pública docente de forma que se garantice que el profesorado interino, actualmente en fraude de ley, consolide su puesto de trabajo, reivindicación que desde AIDMUR llevamos al congreso de los diputados en forma de PNL y recordamos que el partido actualmente en el gobierno estatal aprobó.

No podemos entender, si no es desde la óptica electoralista, la precipitación en la oferta de plazas para secundaria sin tener en cuenta que se espera una sentencia del TJUE que podría mejorar la situación laboral de los docentes interinos. Pues ya el pasado 17 de octubre, en las conclusiones de la abogada general, se extraía del mismo informe que al menos todo temporal que estuviera declarado en fraude de ley debería recibir una indemnización lo suficientemente disuasoria para acabar con dicho fraude, y es que la situación del personal interino está tornando tintes dantescos, pues desde 1999 España estaba obligada a desarrollar la normativa europea y no lo ha hecho. Ahora, en este informe, la abogada general de la comisión europea, también señala que las OPEs no son un método para combatir la precariedad laboral y el fraude en la contratación por parte de la administración, aunque si deja la puerta abierta a las oposiciones restringidas y por tanto a la, tan demandada, doble vía.

Desde AIDMUR nos hacemos eco de una pregunta que nos trasmiten nuestros asociados, ¿han pensado en ello la Consejería y los sindicatos?, ¿habrá dinero para las indemnizaciones de los interinos que estén en fraude de ley cuándo cesen en su puesto de trabajo y no se incorporen el próximo curso?. Evidentemente estas preguntas no forman parte de una administración que sigue empecinada en proyectos cortoplacistas y que, ahora mismo, solo está pensando en el 10 de noviembre y en el rédito electoral de una convocatoria de oposiciones.

​Es nuestra obligación, como asociación defensora del profesorado interino, alertar de la situación a la que nos están abocando las administraciones regional y estatal, una por llevar a cabo una convocatoria de oposiciones sin tener en cuenta la estabilidad de los trabajadores y trabajadoras que tanto han dado por la escuela pública, y la otra por no haber desarrollado, en casi 20 años, la directiva europea sobre contratación eventual y abocarnos a presentar cientos de demandas para regularizar la situación del profesorado interino.

Desde AIDMUR exigimos al gobierno regional, cuya consejera de Educación aun no se ha dignado a recibirnos, que vincule esta oferta de empleo público al cierre de listas y a la exigencia al Gobierno del estado del desarrollo normativo de la directiva CE 1999. Y advertimos que de no ser así movilizaremos a todo el colectivo docente interino en la reivindicación de su estabilidad. 

La consolidación del profesorado interino, la igualdad de condiciones laborales y la reivindicación de la educación pública como garante de la equidad social, junto con la rebaja de horas lectivas o las ratios alumno/profesor, ejes del documento que la asociación de interinos ha hecho llegar a los principales partidos políticos que se disputan la presidencia de la Región de Murcia

Murcia 15 de Mayo 2019

Como ya hizo en las dos citas electorales autonómicas anteriores, la asociación de interinos ha mantenido contactos con los principales partidos políticos trasladando las peticiones del profesorado interino. En este sentido Encarni Martínez y José Luis Sánchez, tesorera y vicepresidente de AIDMUR han mantenido reuniones con PSOE, Cambiar la Región de Murcia y Podemos . Reuniones que el vicepresidente de AIDMUR ha calificado como “muy positivas y receptivas”.

En estas reuniones los representantes de AIDMUR han hecho entrega a los partidos políticos de un DOCUMENTO DE PROPUESTAS en el que recogen las propuestas y demandas que la asociación ha recogido de sus asociados. Entre ellas destacan «la apertura del acuerdo de interinos”, que regula la composición de listas. En opinión de Encarni Martínez “es incomprensible que tengamos un sistema de confección de listas en el que el peso de la experiencia sea solo del 33% y que además esta tenga un límite”. En estas propuestas también tienen un peso importante la igualdad del colectivo docente interino con sus compañeros, como es el caso de la carrera profesional. En opinión del vicepresidente de la asociación, José Luis Sánchez “ha tenido que ser el Tribunal Supremo el que nos diera la razón con el cobro del verano y tendrán que ser una vez más los tribunales los que nos la den con la carrera profesional”, “no entendemos el desprecio y la inquina de esta consejera con el colectivo docente interino”, ha manifestado el vicepresidente de la asociación. Continue reading →

Los docentes interinos de la Región estudian acciones legales contra la arbitrariedad de Adela Martínez Cachá en la interpretación y ejecución del acuerdo firmado con los sindicatos que obliga al pago del verano de los cursos 2012-2015.

Murcia, 21 de diciembre de 2018

Caos, arbitrariedad…y fraude. La ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo nº 966/2018, de 11 de junio, que daba la razón a AIDMUR sobre el pago del verano a los docentes interinos, y que dio lugar a un discutido –por deficiente- “acuerdo” con las organizaciones sindicales, está siendo un absoluto desastre que podría tener consecuencias muy graves. Dicho acuerdo fue firmado el pasado 6 de julio y establecía un delirante calendario de pagos entre 2018 y 2022, siendo realizado a espaldas de a la Asociación de Interinos Docentes de la Región, ganadora de la sentencia ante el Supremo.

Desde AIDMUR denunciamos que en estos días la Consejería de Educación está llamando telefónicamente a varias personas para anunciarles el pago de dichos veranos en una acción en la que no existe un criterio transparente ni lógico, pues a unos se les anuncia el pago de uno de los veranos adeudados entre 2012-2015, a otros les va a abonar 2, a otros 3, a otros la totalidad, a otros no los ha llamado…es decir, de manera arbitraria y discriminatoria.

Denunciamos, igualmente, que esta consejería sigue interpretando arbitrariamente tanto la sentencia como el acuerdo con los sindicatos, que expresamente señala la obligación de pago, antes del fin del 2018, de la totalidad de las cantidades adeudadas a “los que han ganado la sentencia”.Como hemos insistido muchas veces, la sentencia solo la gana AIDMUR, pues es la única parte recurrente ante el Supremo, aunque esta Consejería se empeña en no reconocer el dictamen de la justicia.

La administración que dirige Adela Martínez Cachá ha dado orden de pagar a un número de personas indeterminado y arbitrario, pues incluye a unos y excluye a otros, que aparecían como demandantes en la demanda inicial ante el TSJ de la Región de Murcia, así como a algunas de las personas que iniciaron acciones a través de sus sindicatos. Según fuentes consultadas por AIDMUR, el caos y la arbitrariedad en la elección de los “agraciados” es absoluto e injustificado, por lo que nos encontramos ante un hecho insólito que podría poseer graves consecuencias judiciales.

Desconocemos, por tanto, el listado, el procedimiento y el criterio seguido por una Consejería sumida en la negligencia, el oscurantismo y la arbitrariedad absolutos, en un hecho sin precedentes que debería culminar con el cese inmediato de Adela Martínez Cachá.

Denunciamos, asimismo, que la Consejería de Educación nos ha negado el acceso a los supuestos informes jurídicos que avalaban ese acuerdo para el pago de los veranos y que Adela Martínez Cachá nos prometió que iba a facilitarnos, lo cual ha motivado nuestra queja formal ante el Consejo Regional de la Transparencia.

Por si no fuera suficiente, también debemos denunciar públicamente que la Consejería que dirige la Sra. Martínez Cachá podría estar lesionando determinados derechos procesales de AIDMUR, puesto que la administración no está respondiendo a las solicitudes de revisión de oficio interpuestas por AIDMUR y por sus asociados, mientras que sí ha respondido hace meses a las solicitudes de otras personas y organizaciones, con idéntico contenido, y que fueron presentadas con posterioridad. Entendemos que dicha práctica podría ser ilegal y constitutiva de una discriminación, ya que las solicitudes presentadas por nuestros asociados estaban identificadas con nuestro logotipo.

Por todo ello, desde AIDMUR anunciamos que vamos a poner todos estos hechos en conocimiento de nuestros servicios jurídicos para el inicio de las acciones judiciales – administrativas, civiles y penales- que sean necesarias por unas actuaciones que constituyen un auténtico fraude a los interinos docentes de la Región.

Igualmente, exigimos el cese inmediato o dimisión de una consejera que ha demostrado actuar de manera irresponsable e ilegítima, y que demuestra tener un desprecio absoluto hacia la comunidad educativa y los procedimientos legales.