La asociación de interinos docentes reclama a la Consejería que adapte cuanto antes los procesos selectivos al acuerdo alcanzado en el Congreso de los Diputados para la reducción de la temporalidad y advierte que “de no hacerlo, podría incurrirse en ilegalidad manifiesta y prevaricación”

Esta semana se ha conocido el acuerdo alcanzadoentre PSOE, UP, ERC y PNV por el cual se modifica elpolémico Decreto para la Reducción de la Temporalidad en la Administración Pública, conocido como el “Icetazo”. Este texto, aprobado el pasado mes de julio, dejó un reguero de críticas y puso en alerta al personal interino. Tras varios meses de críticas, los grupos políticos han logrado un acuerdo con objeto de que tenga lugar un proceso transitorio y excepcional donde miles de interinos en fraude de ley pasen a ser funcionarios de carrera mediante un concurso de méritos. Ante este pacto, la Asociación de Interinos Docentes de la Región de Murcia ha exigido a la Consejería de Educación de la CARM que paralice cualquier proceso de oposición en educación “hasta que dicha nueva regulación no sea desarrollada en los términos de este acuerdo, con objeto de no perjudicar a los miles de docentes interinos en fraude de ley de la Región”.

El acuerdo que se firmó ayer por las agrupaciones políticas anteriormente mencionadas establece, en aplicación del artículo 61.6 del TREBEP, que las plazas que hayan sido ocupadas por interinos con anterioridad al 1 de enero del 2016 se ofertarán una única vez en un proceso extraordinario de concurso de méritos. A este proceso podrá optar cualquier persona que reúna los requisitos necesarios, establecidos por las administraciones educativas competentes, optando a consolidar su situación para pasar de ser funcionario interino a funcionario de carrera. Además, adicionalmente se amplía la tasa de reposición para que de forma extraordinaria haya procesos de estabilización para aquellas plazas que hayan estado ocupadas por interinos al menos 3 años anteriores al 31 de diciembre de 2020. Estos procesos se convocarán, como hasta ahora, por el método de concurso–oposición, pero se exige que la fase de concurso (méritos) tenga un peso del 40% (cosa que en educación ya venía sucediendo). Además, estos procesos podrán producirse con pruebas no eliminatorias.  Por otro lado, las personas que pierdan su puesto de trabajo con motivo de estos procesos, deberán ser indemnizados con 20 días de salario por año de servicio. Con ello se pretende que las administraciones convoquen oposiciones y no aumenten las tasas de interinidad de manera disuasoria.También hay que tener en cuenta que educación y el personal estatutario de los servicios de salud tienen normativa propia. En este caso se da un plazo de un año para que adapten la normativa; así se mantiene la Disposición final segunda del Real Decreto-ley 14/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Desde AIDMUR entienden que las administraciones educativas competentes “tienen de plazo hasta el 6 de julio del 2022 para adaptar su normativa a esta nueva Ley, o en su caso a cumplir la literalidad de la misma”.

Para la portavoz de la asociación de interinos, Sara Henarejos, ante este nuevo escenario “no deben realizarse procesos selectivos sin que se adapten a la nueva norma y la nueva situación”. Henarejos ha considerado que, de convocarse ahora estos procesos se podría estar incurriendo en ilegalidad manifiesta y fraude de ley, además de un posible delito de prevaricación, algo que desde AIDMUR ya están consultando con sus servicios jurídicos.

En este enlace podéis ver el vídeo de nuestra Secretaria Sara Henarejos Sara ley interinos