Los docentes interinos de la Región estudian acciones legales contra la arbitrariedad de Adela Martínez Cachá en la interpretación y ejecución del acuerdo firmado con los sindicatos que obliga al pago del verano de los cursos 2012-2015.
Murcia, 21 de diciembre de 2018
Caos, arbitrariedad…y fraude. La ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo nº 966/2018, de 11 de junio, que daba la razón a AIDMUR sobre el pago del verano a los docentes interinos, y que dio lugar a un discutido –por deficiente- “acuerdo” con las organizaciones sindicales, está siendo un absoluto desastre que podría tener consecuencias muy graves. Dicho acuerdo fue firmado el pasado 6 de julio y establecía un delirante calendario de pagos entre 2018 y 2022, siendo realizado a espaldas de a la Asociación de Interinos Docentes de la Región, ganadora de la sentencia ante el Supremo.
Desde AIDMUR denunciamos que en estos días la Consejería de Educación está llamando telefónicamente a varias personas para anunciarles el pago de dichos veranos en una acción en la que no existe un criterio transparente ni lógico, pues a unos se les anuncia el pago de uno de los veranos adeudados entre 2012-2015, a otros les va a abonar 2, a otros 3, a otros la totalidad, a otros no los ha llamado…es decir, de manera arbitraria y discriminatoria.
Denunciamos, igualmente, que esta consejería sigue interpretando arbitrariamente tanto la sentencia como el acuerdo con los sindicatos, que expresamente señala la obligación de pago, antes del fin del 2018, de la totalidad de las cantidades adeudadas a “los que han ganado la sentencia”.Como hemos insistido muchas veces, la sentencia solo la gana AIDMUR, pues es la única parte recurrente ante el Supremo, aunque esta Consejería se empeña en no reconocer el dictamen de la justicia.
La administración que dirige Adela Martínez Cachá ha dado orden de pagar a un número de personas indeterminado y arbitrario, pues incluye a unos y excluye a otros, que aparecían como demandantes en la demanda inicial ante el TSJ de la Región de Murcia, así como a algunas de las personas que iniciaron acciones a través de sus sindicatos. Según fuentes consultadas por AIDMUR, el caos y la arbitrariedad en la elección de los “agraciados” es absoluto e injustificado, por lo que nos encontramos ante un hecho insólito que podría poseer graves consecuencias judiciales.
Desconocemos, por tanto, el listado, el procedimiento y el criterio seguido por una Consejería sumida en la negligencia, el oscurantismo y la arbitrariedad absolutos, en un hecho sin precedentes que debería culminar con el cese inmediato de Adela Martínez Cachá.
Denunciamos, asimismo, que la Consejería de Educación nos ha negado el acceso a los supuestos informes jurídicos que avalaban ese acuerdo para el pago de los veranos y que Adela Martínez Cachá nos prometió que iba a facilitarnos, lo cual ha motivado nuestra queja formal ante el Consejo Regional de la Transparencia.
Por si no fuera suficiente, también debemos denunciar públicamente que la Consejería que dirige la Sra. Martínez Cachá podría estar lesionando determinados derechos procesales de AIDMUR, puesto que la administración no está respondiendo a las solicitudes de revisión de oficio interpuestas por AIDMUR y por sus asociados, mientras que sí ha respondido hace meses a las solicitudes de otras personas y organizaciones, con idéntico contenido, y que fueron presentadas con posterioridad. Entendemos que dicha práctica podría ser ilegal y constitutiva de una discriminación, ya que las solicitudes presentadas por nuestros asociados estaban identificadas con nuestro logotipo.
Por todo ello, desde AIDMUR anunciamos que vamos a poner todos estos hechos en conocimiento de nuestros servicios jurídicos para el inicio de las acciones judiciales – administrativas, civiles y penales- que sean necesarias por unas actuaciones que constituyen un auténtico fraude a los interinos docentes de la Región.
Igualmente, exigimos el cese inmediato o dimisión de una consejera que ha demostrado actuar de manera irresponsable e ilegítima, y que demuestra tener un desprecio absoluto hacia la comunidad educativa y los procedimientos legales.